RENDICIÓN POLÍTICA O MUERTE EN PRISIÓN.
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RENDICIÓN POLÍTICA O MUERTE
EN PRISIÓN.
Ese es el chantaje político
que se esconde detrás de la retórica y los eufemismos que acompañan a la última
versión de la llamada “reinserción” o “Vía Langreiz”, presentada por el actual
ministro del interior meses atrás. Para presionarnos a los presos políticos en
ese sentido, se aprobará a últimos de septiembre la instauración de la cadena
perpetua revisable a los 30 años, que probablemente se aplicará con carácter
retroactivo. Así mismo, haciendo caso omiso a las retiradas condenas que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho de la llamada “doctrina Parot” el
propio ministro del interior sigue manifestando a la prensa su firme propósito
de continuar aplicándola a toda costa. Con ese atropello jurídico, se vienen
alargando las condenas que se habían impuesto con el antiguo código penal,
hasta los 30 años de prisión. Tan sólo hace unos meses que les fue aplicada a
otros dos miembros de nuestro colectivo, Concepción González Rodriguez y
Enrique Kuadra Etxeandía. Sin embargo la nueva legalidad penal ya viene
imponiendo condenas de 40 años de prisión.
Pero, como comunistas, no nos
vamos a dejar intimidar por ese abyecto chantaje. Sabemos que estamos en una trinchera
difícil, aunque asumimos el combate con todas las consecuencias desde la
dignidad y la conciencia de nuestra clase. Y lo hacemos siguiendo el camino que
nos han marcado entre otros camaradas, Juan José Crespo Galende (Kepa), y Jose
Manuel Sevillano, muertos en huelga de hambre en 1981 y en 1990
respectivamente; haciendo frente al régimen de exterminio que nos habían
impuesto por entonces en las cárceles.
A cambio de rebajarnos las
condenas de prisión y dejarnos salir en libertad con antelación, tienen el
cinismo de exigirnos… “que se compromete en lo sucesivo al empleo exclusivo de
las vías políticas y democráticas existentes”; lo que de ningún modo vamos a
aceptar porque se trata de un marco político impuesto por el Estado nacido por
la sublevación fascista del 18 de Julio de 1936 y que, por lo tanto, no tiene
nada de democrático.
La “Reforma política” que el
régimen fascista llevó a cabo hace mas de 30 años sólo fue un mero encalado de
su fachada; una maniobra política ante el empuje del movimiento obrero y
popular, que con sus luchas venía conquistando un amplio abanico de derechos
laborales y sociales. Se vieron obligados a “cambiar” para que todo siguiera
igual, como ellos mismos remarcaron; para frenar aquellas conquistas de los
trabajadores y, a continuación, encauzar, controlarlas y liquidarlas. Como se
recordará, ni siquiera se produjo una condena formal del fascismo, ni se
castigó a los responsables del genocidio que provocaron, ni hubo una mínima
depuración de los cuerpos represivos, dándose en la práctica una ley de punto
final.
En el lado opuesto, hay que
remarcar que en 1977 el tribunal supremo negó la aplicación de la amnistía a
los presos políticos del PCE 8r) y de los GRAPO. No eran mucho en aquellos
momentos, pero algunos meses después ya había en prisión varias decenas de
ellos.7
Situándonos ya en el terrero
institucional y legislativo, fue realmente significativo que siguiese activo
con toso sus efectivos el TOP, el tribunal de Orden Público, que de la noche a
la mañana pasó a llamarse Audiencia Nación. Así mismo, muchas de las leyes
franquistas continuaron vigente hasta hace unos años, algunas de ellas aún
están presentes. Pero las que se hicieron nuevas también siguen aquellas misma
estela.
La propia Constitución que se
nos vende como los cimientos de una verdadera democracia, no es más que un mero
artificio o declaración de intenciones para permitir la continuidad del
fascismo, mediante una farsea de parlamentarismo. En realidad, todos sus
artículos tienen un carácter ambiguo que no concreta ni garantiza, el ejercicio
de ningún derecho sino, que por el contrario, están jalonados de momentos de
excepción que los matiza y los niega. Hasta los derecho y libertades más
básicas, de reunión, manifestación, expresión o asociación, están condicionados
a cuestiones de interpretación como el mantenimiento del orden público o, peor
aún, el respeto a leyes específicas que las regulan, las limitan y las deja
hechas una caricatura,. En este sentido cabe recordar que el Fuero de los
Españoles de 1945 también proclamaba: “Todos los españoles podrán expresar
libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del
Estado”.
En donde son realmente
tajantes es a la hora de señalar el único sistema de producción admisible, el
de la sacrosanta propiedad privada y la economía de mercado, el sistema
capitalista. De esta forma anulan de un plumazo la libertad ideológica y
política que proclamaban con anterioridad. A partir de ahí, ¿Dónde queda la
posibilidad de que los comunistas podamos defender la propiedad social de los
medios de producción y la implantación de una sociedad socialista? En
consecuencia con ello también dejan invalidada la libertad de asociación. Así,
el partido comunista que no acepte este carácter antidemocrático de la
Constitución y lo denuncie; al tiempo que pretenda organizar a la clase obrera
para la conquista de esa sociedad socialista, mediante un programa
revolucionario específico, será declarado ilegal y criminalizado. Y esa es la
situación en la que estuvo nuestro Partido desde su nacimiento hasta el año
2002, fecha en la que ya será catalogado como “grupo terrorista”. Ya en el
terrero de algo tan pseudodemocrático como la monarquía, tramposo se andan con
florituras: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad “ (art. 58) Y conviene recordar que el personaje impuesto por
Franco tomó posesión de su cargo jurando defender durante toda su vida el
espíritu de las leyes del Movimiento Nacional.
Otro de los artículos más
criticado, con razón, es el 2, que proclama “la indisoluble unidad de la Nación
española”, negando así el carácter verdaderamente plurinacional del estado
español, y el derecho a la autodeterminación de Galicia, Cataluña y Euskal
Herria. Posteriormente, el art. 8 apostilla: “Las Fuerzas armadas… tienen como
misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y dependencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional”. Aquí, ya sobran los comentarios.
Finalmente, cabe señalar que
la Constitución contempla el estado es excepción y el de alarma para “crisis
políticas o de orden público”, así como el Estado de sitio para “una crisis de
Estado”. El primero ha sido impuesto en varias ocasiones en Euskal Herria, y el
segundo lo impuesto Zapatero para frenar la huelga de los controladores aéreos,
sin duda como un ensayo para los tiempos que se avecinan.
Por otra parte, otro de los
objetivos fundamentales de la “Reforma política ”fue el reforzamiento y
modernización de todo el aparato represivo del Estado. Se renovaron los cuerpos
policiales se crearon otros nuevos de carácter especial, y se desarrollo todo
un arsenal de leyes especiales para la represión (llamadas “antiterroristas”)
que configuran un verdadero Estado policial.
Lo que guía a esta
legislación “antiterrorista” es la prevención del supuesto de delito, la
perfección y la criminalización de la intención de cometerlo; lo que da plenos
poderes a la policía y provoca todo tipo de abusos. Su aplicación viene
venerando los derecho democráticos y humanos más elementales, tanto en el
momento de desarrollarse la investigación policial, como en el de la detención
y aislamiento de las personas en comisarías o cuarteles de la Guardia Civil.
Bastará una orden judicial para que puedan ser intervenidas las comunicaciones
telefónicas, el correo etc. aunque en muchos casos lo hacen sin ella, y así
mismo, pueden ser violado cualquier domicilio. Es habitual que los cuerpos
especiales de la policía asalten los domicilios de los supuestos “terroristas”
por la noche, poniendo una bomba en la puerta y repartiendo golpes a todo el
que encuentren. Y el aislamiento de los detenidos (en la actualidad durante
cinco días, prorrogables a otros cinco), no tiene otro fin que el de poder
torturarles sin cortapisas, para arrancarles datos de las organizaciones en las
que militan, así como declaraciones inculpatorias.
Una vez que ingresamos en
prisión, a los presos políticos se nos vuelve a decretar un periodo de tiempo
en aislamiento y, durante toda la condena aquí, también tenemos controladas
todas nuestras comunicaciones con familiares y amigos. Hablar de que en estas
condiciones se dan garantías jurídicas o se respetan los derechos democráticos
y humanos, es un mero sarcasmo.7
Con la excusas de “combatir
al terrorismo” se viene persiguiendo y criminalizando a todos los
partidos políticos y colectivos que rechazamos y combatimos al régimen
fascista. Y la aplicación de esta legislación “antiterrorista” se irá
extendiendo en la medida en que se desarrolle el movimiento de resistencia
organizando y las luchas de los trabajadores. Ha bastado que las masas
populares expresaran su indignación en la calle contra los recortes sociales
que les vienen imponiendo, para que el ministerio del interior se pusiera a
elaborar otra nueva ley especial, que se aprobara en los próximos meses, con el
objetivo de condenar a los manifestantes por “terrorismo de baja intensidad” o
incluso por “pertenencia a banda armada”, lo que conllevará penas de hasta seis
años de prisión.
No obstante, en el año 2002
Jose Maria Aznar con el fin de tapar el hueco que había llegado el fracaso de
la guerra sucia que abanderaron los GAL, dará un nuevo impulso al
desarrollo de estas leGAL-idad de excepción imponiéndonos la ley de Partidos. A
través de ella, se van a declarar ilegales, catalogándolos también como “bandas
terroristas”, a todos los colectivos y partidos políticos que no hagan una
explícita condena de la violencia de las organizaciones guerrilleras y la que
ejerce el pueblo en general, en defensa de sus legítimos derechos e intereses.
Una medida que está inspirada en el más genuino espíritu de la “Ley de
Responsabilidades políticas-2 del año 1939, que condenaba a graves penas de
cárcel a todos”… a los que se declararon contrarios al Movimiento Nacional, o a
los que se mostraron pasivos”.
Con esta “Ley de Partidos” se
profundiza la anulación hasta el mínimo resquicio de las libertades de
asociación, así como de pensamiento o expresión ideológica y política. Pero
además, el ejercer estos derechos democráticos manifestando el apoyo moral,
político e ideológico a los GRAPO, como viene haciendo nuestro Partido,
supondrá unas condenas judiciales por “pertenencia a banda armada” que pueden
ir desde los seis años de prisión hasta los dieciocho.
Anteriormente, se nos condenaba por “asociación ilícita, propaganda ilegal” o,
como a mí mismo, por hacer una barricada con un pino en una carretera para
reivindicar la Amnistía. Las penas de prisión podían oscilar desde los tres
hasta los seis años.
Aquí cabe señalar que se nos
criminaliza únicamente por ser consecuentes con el pensamiento marxista, que el
propio Engels expuso en su libro Antidurhin: “De aquí la violencia desempeña en
la historia otro papel- además de agente del mal-, un papel revolucionario, de
que según expresión de Marx, es la partera de toda la vieja sociedad que lleva
sus entrañas otra nueva; de que la violencia es el instrumento con la ayuda del
cual el movimiento social se abre camino y rompe las formas políticas muertas y
fosilizadas”. Y como comunistas, siempre seremos fieles a ese posicionamiento
ideológico y político, ya que no hacerlo así y ceder a sus presiones
represivas, implicaría legitimar y apoyar la violencia del Estado terrorista
que sufrimos. En una sociedad dividida en clases es evidente que no puede ser
neutral; o se está con la violencia que con justicias ejerce el pueblo, o con
la de la burguesía.
Pero, en este sentido, la
verdad es que si alguien se le puede acusar de ejercer la violencia en nuestro
país es precisamente al Estado, a los propios cuerpos policiales y a los grupos
parapoliciales encubiertos. Baste señalar solamente algunas cifras para no
tener que alargarme en exceso. Según datos del Comité Antirrepresivo de
Madrid, el número de muertos ocasionados por las F.O.P. tan sólo en los años de
la llamada “transición democrática”, desde 1975 hasta 1981, fue de 341
personas. Así mismo, el saldo de los asesinatos llevados a cabo por acciones
encubiertas de la propia policía y de los diversos grupos de guerra sucia
(B.V.E., ATE, GAL…), desde los años 1975 a 1976, se eleva a 95 personas.
Ciñéndonos únicamente al ámbito del PCE (r) y de los GRAPO, hasta ese momento
han sido asesinados, o muertos en la cárcel por huelga de hambre y desatención
médica, 29 militantes.
Ya para finalizar, es preciso
remarcar que la incidencia que la llamada “reinserción” ha tomado en nuestro
colectivo de presos políticos, ha sido realmente insignificante. De los más de
1400 militantes y simpatizantes de las dos organizaciones que hemos
pasado por prisión durante más de 30 años, únicamente se han acogido a ella
siete. El actual y avispado ministro del interior ha presentado esta cifra como
un triunfo de su “vía Langreiz”, pero esta vía tan sólo la ha aceptado una
pareja de jóvenes, lo que supone un verdadero chasco para el régimen. No
obstante, el hecho de que por enésima vez tengan, que reinventar y
endurecer esta misma vía de chantaje, es una muestra más de callejón sin
salida y de la grave crisis en que se encuentra el Estado.
¡DENTRO Y FUERA RESISTENCIA!
Septiembre de 2012
LUCIO GARCÍA BLANCO
(Preso político del P.C.E.(r))
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